Las nuevas autoridades de gobierno han anunciado la apertura de un diálogo nacional para discutir el Plan Nacional de Energía. Se trata de una buena noticia que, aunada al informe de la Contraloría General de la República que señala “errores” en dicho Plan, promovido por las administraciones anteriores, abre una esperanza de que ahora si se tiene la intención de desarrollar un Plan energético, fruto de una discusión abierta, participativa y transparente. Algo que requiere ser apoyado para que se haga de la forma más correcta y completa a fin de que perdure por el suficiente tiempo para dar al país la urgente sostenibilidad energética que requiere.

Errores del pasado. En varios artículos previos (www.allanastorga.com) hemos criticado la forma en que se ha realizado la “planificación estratégica” en nuestro país, al punto que hemos llegado a la conclusión de que más bien se trata de “desplanificación”.  Lo cual se debe a una serie de errores cometidos, y que requieren ser corregidos como parte de esta nueva oportunidad que se abre.

La planificación que se ha realizado hasta ahora se basa más en la imposición de una serie de lineamientos que el resultado de un verdadero análisis y discusión de alternativas y la toma de decisiones balanceadas en el marco de un derrotero común.

Imposición que parte de un “pequeño círculo técnico – político” que discute las propuestas, elabora el plan y lo lleva a “consulta” más bien cerrada, de actores relacionados (por no decir beneficiados) cuyo objetivo es que se valide la propuesta, la cual termina publicándose (a veces como decreto ejecutivo), y al que se le da el rimbombante nombre de Plan o Política Nacional (de energía, transporte, desarrollo hotelero, áreas protegidas, etc.).

Por lo general, cuando el plan se publica, poca gente se da cuenta de su existencia. Para algunos pocos, que tienen la oportunidad de conocerlo, una vez superada la sorpresa de su alcance, cuando lo analizan, empiezan a cuestionarlo y señalarle errores, dado su enfoque parcializado y falta de visión social y ambiental, algo común para planes realizados dentro de un ámbito “cerrado”.

En algunos casos, durante la elaboración del plan se abre el espacio para la “lluvia de ideas”. Esto se hace mediante foros presenciales y/o digitales de discusión de propuestas. Este proceso, aunque pareciera a primera vista más abierto, termina con un problema similar, pues al final es un pequeño círculo “técnico – político”, muy cerrado, el que toma las diferentes propuestas y sintetiza los lineamientos del nuevo plan.

Bajo esta modalidad la poca planificación estratégica que se ha realizado en nuestro país termina en un documento vacío, que pocos conocen y reconocen como suyo, razón por la cual su validez se pierde con facilidad, termina convirtiéndose en un documento más de poca incidencia en la realidad nacional y el desarrollo del país.  Es un claro ejemplo de como la ocurrencia se impone a la inteligencia.

Oportunidad. Las nuevas autoridades de gobierno, al menos en el ámbito del plan de energía, han anunciado que desean que se haga como producto de un diálogo abierto y ampliamente participativo, con representación de todos los sectores relacionados. Este planteamiento está más cercano a la forma en que se elabora un plan estratégico, pero todavía surge la duda de ¿cuál va a ser la base metodológica de ese diálogo abierto?

Se hace este cuestionamiento en razón de que si ese elemento esencial no se define de previo y de forma correcta, se corre el grave riesgo de que, por más buena intención con que se haga, se termine en el mismo producto de la imposición antes señalada. Además, se subraya que el riesgo sería muy grave, pues además de perder una valiosa y única oportunidad, se perdería también una gran cuota de credibilidad, algo que no es para nada conveniente, cuando todos reconocemos que nuestra sociedad quiere un verdadero cambio en nuestro país.

Como hemos señalado previamente, la metodología para realizar esa discusión ya existe y está en práctica en muchos países desde hace tiempo, corresponde con la denominada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

La metodología está basada en un proceso de discusión abierta, ante diferentes representantes de diversos sectores del país: instituciones, empresarios, organizaciones ambientales y sociales, academia y comunidades, entre otras.   Ello, sin menoscabo de que se realice un proceso abierto de participación más amplio, en particular con el objeto de informar y tener ideas sobre planteamientos a realizar.

La entidad responsable de la EAE debe discutir la Política, Plan o Programa (PPP), considerando temas clave, basado en un diagnóstico general de la situación actual y su proyección futura, las alternativas a considerar, los alcances ambientales (incluyendo los sociales) estratégicos, la síntesis de PPP, los acuerdos de lineamientos de ejecución de la PPP y las salvaguardas ambientales y sociales que deberán ser implementadas como parte de la PPP.

Como hemos dicho, la EAE de la PPP se basa en tres principios fundamentales: información, participación y transparencia. Puede ser ejecutada en pocos meses y su producto final genera un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) que registra todo el proceso, los acuerdos y también los disensos. Dicho ISA pasa por la autoridad ambiental para su registro y viabilidad ambiental, a fin de que sirva de instrumento de control y seguimiento por parte de la sociedad civil.

La EAE puede ser actualizada periódicamente sobre la base de una metodología como la que se ha explicado. Con el uso de facilidades digitales de comunicación, se puede garantizar la información, participación y transparencia de ese proceso de mejora continua.

Solución pendiente. Como hemos señalado previamente el Reglamento General de Procedimientos de evaluación de impacto ambiental (Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) de 2004 establece que: ”la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país. Se aplica a los planes, programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local; generados en municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas; y cuyo fin sea el planeamiento del uso del suelo, el desarrollo de infraestructura (urbana, vial, portuaria, comunicaciones, energética, turística y agrícola, entre otros), o bien el aprovechamiento de los recursos naturales (minería, energía, hidrocarburos, agua, flora y fauna). “.

Lo que todavía está pendiente es que el Poder Ejecutivo emita el reglamento que norme los detalles de la metodología, cuyo borrador está en posesión de la SETENA desde hace cinco años!

En materia del plan de energía, su elaboración es indispensable realizarla dentro de una correcta EAE, con un amplio proceso de participación, información y transparencia. Solo así se podrá garantizar que se trata de Plan que emerge de la misma sociedad y no de una acción política de visión parcializada.

Elementos tales como las alternativas a la nueva refinería, el uso de biocombustibles, la apertura controlada a la generación de energía privada, el uso de biocombustibles, la disminución de la factura petrolera, el ahorro energético, la estrategia de carbono neutralidad, el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos estratégicos considerando el tema de cambio y variabilidad climática, el desarrollo de proyectos de energía alternativa (solar, eólica y a partir de biomasas), y la estrategia de producción de energía geotérmica de alta y baja entalpía, entre otros muchos elementos, deben ser considerados como parte del nuevo Plan Nacional de Energía a discutirse y generarse por medio de una EAE.

No sobra decir que una correcta EAE de este Plan abre el espacio para que se emule en otras PPP de valor estratégico para el desarrollo del país.

De allí que nos encontremos en una coyuntura muy importante, cuya valiosa oportunidad no debe perderse. Darse el lujo de menospreciar la EAE es propio de políticos irresponsables garantes del problema que hereda la actual administración del Presidente Solís.

Debido a la transcendencia que tiene el hecho de que el pasado 2 de mayo del 2014 se publicara en el diario oficial La Gaceta el reglamento del Plan GAM 2013 – 2030, y al hecho de que el autor coordinó la introducción de la variable ambiental en la propuesta de Plan que representó el PRUGAM y que obtuvo viabilidad ambiental en el año 2009, me he dado a la tarea de revisar el soporte ambiental de Plan GAM de reciente publicación. He llegado a la inquietante conclusión de que el mismo no cuenta con el correcto y debido sustento ambiental, volviendo insostenible su aplicación, con consecuencias muy negativas en la ya caótica situación urbana que tiene nuestra Gran Área Metropolitana.

Insostenibilidad: algunos de las contradicciones principales que tiene el Plan GAM 2013 – 2030 respecto a la zonificación y viabilidad ambiental de la GAM del año 2009, son las siguientes:

1.    Se permitirá la construcción vertical, sin límite de altura, en franjas de hasta 500 metros a ambos lados de los corredores de transporte público. La viabilidad ambiental vigente establece límites de altura hasta 14 pisos, con el fin de controlar la densidad de población y darle a la GAM un patrón de crecimiento urbano más uniforme. Es claro que no poner límites de altura implicará un cambio significativo en el paisaje urbano de la GAM, con el agravante colapso del tránsito vehicular, sin que se pueda modificar la trama vial ya existente y altamente sobrecargada.

2.    Se incrementará la contaminación ambiental de nuestros ríos y acuíferos, ya que a los nuevos edificios que se construyan en la GAM no se les exigirá que tengan plantas de tratamiento de aguas residuales. Con el solo hecho de que se conecten al alcantarillado sanitario será suficiente. Lo malo, como ya hemos señalado antes (ver www.allanastorga.com) es que ese alcantarillado no termina en una planta de tratamiento, sino que lo que hace es verter las aguas negras directamente a los ríos Torres, María Aguilar, Tiribí y Virilla, entre otros. Esta situación ya ocurre con muchos de los edificios que se han construido en San José, alrededor de la Sabana, y ahora se generalizaría en toda la GAM.

3.    Se permitirá que se rompa el anillo de contención urbana de la GAM por parte de los municipios cuando elaboren sus planes reguladores, con el agravante de que al no condicionar el que las municipalidades queden sujetas al cumplir con los lineamientos ambientales del Plan, contenidos en el Reglamento Zonificación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la GAM y aprobado desde el año 2009, se abre la puerta para que dicha expansión urbana fuera del anillo de contención siga una tendencia como la que hasta ahora se ha dado, es decir, caótica, en la que imperan criterios económicos sobre criterios ambientales.

4.    Se incluye el lineamiento de que se den incentivos y se paguen compensaciones a los propietarios privados, cuyos terrenos tienen limitaciones de uso por asuntos ambientales, mientras que por otro lado, y a pesar de la mención al tema ambiental en el reglamento publicado del Plan GAM, a la hora de la verdad, se dice que seguirán imperando los usos del suelo ya establecidos, como si la protección del ambiente fuese un tema secundario y absolutamente sacrificable.
5.    Mientras que, por un lado, se descarta el uso de los mapas de áreas de recarga acuífera estratégica establecidos en los estudios ambientales aprobados para el PRUGAM en el 2009 y se señala que los mismos serán lo que defina a futuro el SENARA; por otro lado, se cambian los lineamientos de protección de estas áreas establecidos en el Reglamento de Desarrollo Sostenible de la GAM, por un lineamiento abierto que permitiría que se pueda dar desarrollo urbano sobre estas áreas de muy alta fragilidad ambiental. Con esto se estaría consolidando un proceso que se ha venido dando desde hace años y que requiere una pronta solución, como es la impermeabilización de las zonas de montaña de la cordillera volcánica, donde se localizan las áreas de recarga acuífera más importantes de la GAM. Se condena así a la GAM y su población a seguir sufriendo por temas de agua, algo absolutamente irracional y suicida cuando se analiza respecto a las proyecciones de cambio climático.

6.    Lo mismo sucede con el tema de las zonas de alta y muy alta amenaza a los  deslizamientos, ya que en el Plan GAM 2013 – 2030 no se hace referencia a los mapas aprobados en el 2009, sino que dicho mapa se sustituye por un mapa de deslizamientos activos de la GAM, algo que tiene muy serias consecuencias, ya que se induce a interpretar que el resto de las zonas de montaña que son de alta y muy alta fragilidad ambiental por su vulnerabilidad a los deslizamientos, son urbanizables. Una conclusión totalmente contradictoria con la legislación ambiental y hasta irresponsable en la medida que induce a que se urbanicen zonas no aptas para ello.

Confite envenado: aunque existen más pruebas de la insostenibilidad ambiental del Plan GAM publicado en mayo, llama notablemente la atención que la versión de dicho Plan del mes de enero del 2014 y que la prensa anunció como la versión que se firmó en casa presidencial el día 21 de enero, tenía un mejor sustento ambiental.

No obstante, mientras en la página electrónica del MIVAH se informaba al público que el reglamento estaba en “Leyes y Decretos” para su publicación, al parecer, durante ese tiempo fue objeto de cambios, incluso de fondo, e inconsultos, que modificaron el alcance de la parte dispositiva del Plan. Llevándolo a una situación de insostenibilidad. Y probablemente de inconstitucionalidad, dado que no se sustenta en la viabilidad ambiental del año 2009, a pesar de que lo diga, como decimos los ticos, “de la boca para afuera”.

De esta manera, el Plan GAM 2013 – 2030 representa la culminación de un fracasado y pusilánime proceso que llevó a cabo la administración anterior, en la que, en vez de retomar el PRUGAM, primero elaboró, por medio del INVU, una desastrosa propuesta que denominó POTGAM, la cual, finalmente, derivó en una propuesta como el Plan GAM publicado en mayo, y cuyo principal objetivo es seguir favoreciendo el uso indiscriminado de la propiedad privada, por encima de los intereses colectivos, de protección de las personas y del ambiente mismo.

Así las cosas, el Plan GAM 2013 – 2030 publicado en pasado 2 de mayo se convierte en algo así como un “confite envenenado”, que algunos defienden como la culminación de un gran trabajo, pero que en realidad en su esencia lleva elementos altamente tóxicos para el desarrollo futuro de nuestra ya atribulada y caótica Gran Área Metropolitana.

Alternativa de solución: dado que el reglamento del Plan GAM aprobado por el Consejo de Planificación Urbana en enero del 2014 tenía un mejor sustento ambiental, la alternativa a seguir, de corto plazo, debería ser sustituir el reglamento de mayo por esa versión, incorporando en el mismo solo las correcciones de forma y no de fondo que se hicieron entre enero y mayo del 2014. A un mediano plazo, debería contemplarse la actualización rápida del PRUGAM y su revisión por parte del INVU.

Además, dada la gravedad de lo sucedido, se hace imperativo efectuar una investigación que analice quiénes y cómo se realizaron los cambios de fondo a un reglamento aprobado y firmado por la Presidenta y que estaba en vías de publicación. Una irresponsabilidad que requiere ser llevada hasta las últimas consecuencias.

En razón de la reciente ampliación (hasta el 2021) de la moratoria a la exploración y explotación de hidrocarburos emitida por la actual administración de gobierno, han surgido algunas opiniones señalando que constituye una contradicción. Se señala que si el país explotara sus hidrocarburos, se lograría bajar el precio de los combustibles, e incluso tendría una fuente (gas natural) para generar electricidad a un precio más bajo y con menos contaminación ambiental. Aunque este razonamiento pareciera lógico, existen varias aristas que deben ser analizadas a fin de buscar una solución concreta al tema de si nuestro país debe o no explorar su potencial en recursos hidrocarburíferos.

Potencial petrolero: primero que todo es relevante señalar que como producto de las actividades de exploración petrolera realizadas durante la década de los años ochenta del siglo pasado por RECOPE y de otras realizadas previamente durante el Siglo XX, es claro que Costa Rica tiene las condiciones básicas de potencial de hidrocarburos, en casi todas sus cuencas sedimentarias. Ese potencial petrolero se presenta tanto en territorio continental, como en el mar, tanto en el Caribe, como en el Pacífico.

Ninguna de las actividades realizadas hasta ahora ha encontrado yacimientos comercialmente explotables de petróleo o gas natural. Pero las investigaciones geológicas realizadas con nuevas tecnologías de exploración petrolera, más modernas que las que se usaron hace ya más de 20 años, indican que podrían encontrarse potenciales yacimientos susceptibles de ser explotados. Por las características geológicas de nuestro país, existe la posibilidad de que sea más probable encontrar yacimientos de gas natural que de petróleo líquido, aunque este aspecto debe ser comprobado por investigaciones geológicas más detalladas.

La importante actividad de exploración realizada por RECOPE se finalizó, más por razones políticas que por razones técnicas, a principios de los años noventa. En su lugar, se aprobó una Ley de Hidrocarburos, que abría el espacio para que empresas petroleras extranjeras pudieran entrar al país a realizar exploración y, dado el caso, la explotación de hidrocarburos. El país fue dividido en cerca de 30 bloques de unos 2000 km2 cada uno, que se ofrecieron internacionalmente, para ser concesionados.

Para principios de la década pasada, el asunto culminó con la no aprobación de la viabilidad ambiental de una propuesta de perforación exploratoria en Moín, la amenaza de una demanda internacional por parte de la empresa petrolera y el desarrollo de una “moratoria tácita” por parte de la Administración Pacheco. Desde hace casi 12 años no se ha vuelto a realizar ninguna actividad formal de investigación sobre el potencial petrolero. Mientras tanto, el gran acervo de información compilado por RECOPE se deteriora con el paso de tiempo, sin que se le dé ninguna aplicación práctica, a pesar de su gran valor geológico.

Ante el hecho de que el país consume más de $ 2000 millones por año en factura petrolera, resulta paradójico que no haga esfuerzos concretos para profundizar en conocer su potencial petrolero, y dado el caso, aprovecharlo para disminuir al menos parcialmente esa factura. El problema que se presenta para que no lo haga tiene dos variantes.
En primer lugar, la posición de las grupos ambientalistas que se oponen a esta actividad, por el potencial riesgo ambiental que implica y la falta de una normativa ambiental más rigurosa.

En segundo lugar, tiene que ver con la ley de hidrocarburos, dado que la exploración, en principio, la harían empresas petroleras que, en caso de encontrar petróleo, lo explotarían dando al país una regalía no mayor del 15 % de lo encontrado y vendiéndole al país al crudo a precio del mercado internacional. Mal negocio que considerando lo limitado de nuestro territorio y sumándolo a la preocupación ambiental, lleva a que se presente una fuerte oposición social al desarrollo de esta actividad.

Precisamente, esta encrucijada ha llevado a que, lejos de que se planteen soluciones concretas, se de una prórroga a la moratoria hasta el año 2021, algo que, como señalamos, resulta ilógico, dados los problemas actuales que en el campo energético tiene nuestro país.

Posible solución: una solución a la alternativa a la moratoria es que el país retome el proceso de exploración y eventual explotación por su cuenta. En un artículo previo del 2012 (ver www.allanastorga.com), el autor recomendó la estrategia a seguir: a) derogar la ley de hidrocarburos y paralelamente, b) crear el Servicio Geológico de Costa Rica, dándole como parte de sus funciones la tarea de poder realizar investigaciones geológicas en el ámbito del potencial petrolero del país. Adicionalmente: c) adicionar lineamientos de control ambiental más estrictos a la actividad.

Para ello deberá reprocesarse, con nuevas tecnologías de investigación, como la estratigrafía secuencial, la totalidad del acervo de información geológica hasta ahora acumulado, y la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con entidades petroleras estatales, tal y como lo hizo RECOPE en la década de los ochenta.

La creación del Servicio Geológico de Costa Rica es una tarea pendiente que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo. Es paradójico que se tenga una Escuela Centroamericana de Geología desde hace más de 40 años y que todavía no se tenga un Servicio Geológico formal. Servicio que no solo tendría tareas en el ámbito de potencial petrolero, sino también en temas relevantes tales como el cartografiado geológico para el ordenamiento territorial y la gestión preventiva del riesgo ante las amenazas naturales, entre otros.

La Escuela de Geología de la UCR, durante los últimos años, está graduando entre 10 y 15 nuevos geólogos por año. Geólogos que tienen la capacitación básica para asumir las tareas que se asignen al Servicio Geológico y que podrían iniciar un importante aporte para el desarrollo de nuestro país, incluyendo el campo de la exploración petrolera.

La actividad petrolera no es exclusiva de las empresas petroleras transnacionales privadas. La experiencia existente en el país y la posibilidad de alianzas estratégicas con empresas estatales latinoamericanas, que apliquen estrictas medidas ambientales, podría permitir avanzar en esa dirección, sin necesidad de seguir postergando decisiones que deben ser tomadas en el momento actual. Al respecto, la reciente experiencia de Ecuador en este tema, debería ser aleccionadora. Tienen la palabra nuestras autoridades de gobierno.