En razón de dos noticias recientes, por un lado, la entrega del estudio de impacto ambiental del aeropuerto internacional de Osa por parte de la Dirección de Aviación Civil a la Setena y, por otro lado, el anuncio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Osa, sobre la devastación de cerca de 2.000 hectáreas del humedal Térraba-Sierpe, como producto de la expansión de cultivos intensivos, principalmente el arroz y la palma, se hace necesario retomar el tema de la planificación estratégica del desarrollo de la zona sur-sur del país.

El desarrollo de un aeropuerto internacional en Osa surgió, en principio, con la idea de promover la activación y el desarrollo económico del sur-sur del país, bajo un modelo similar al que se supone que sucedió en Guanacaste con el aeropuerto internacional Daniel Oduber. Se parte de la presunción de que el aeropuerto facilitará la llegada de visitantes extranjeros y, con ello, se promoverá el turismo y, por tanto, una mayor actividad económica en la zona.

El caso de Guanacaste. No obstante, cuando se analiza lo sucedido en esta provincia, se observa que los resultados no han sido ni fueron los que realmente se esperaban. Debido a que no se realizó ninguna planificación estratégica, en el marco de una efectiva y eficiente evaluación ambiental estratégica (EAE), Guanacaste fue objeto de un caótico desarrollo inmobiliario que ha traído consigo una seria y negativa cadena de impactos ambientales muy negativos.

Algunos de esos problemas son el desplazamiento y desarraigo de comunidades costeras; desarrollo inmobiliario descontrolado por encima del desarrollo turístico (que da 10 veces más empleo); serios conflictos por el agua que, lejos de resolverse, cada día se agravan más; pérdida de bosques naturales y manglares en la zona costera, y, en general, incremento de la huella ecológica negativa, de la mano de una mayor diferencia social entre los estratos más ricos y los más pobres de la población Guanacaste.

En resumen, es posible afirmar que el “efecto de desarrollo” del aeropuerto en Guanacaste benefició a unos cuantos que se metieron en el tema de la especulación inmobiliaria, mientras que al grueso de la población guanacasteca de menores recursos no le generó beneficios y, en muchos casos, los hundió más en la pobreza. No en pocos casos pasaron de propietarios de terrenos costeros a empleados de “desarrollos” costeros, con salarios modestos: la mayoría de los cuadros superiores e intermedios de la actividad hotelera, por ejemplo, son extranjeros o costarricenses del Valle Central.

Zona sur-sur. Después de lo ocurrido en Guanacaste, llama poderosamente la atención cómo nuestras autoridades, en vez de aprender de esa experiencia, quieren ahora repetir la fórmula y promover la actividades económicas de la zona, bajo una premisa evidentemente equivocada y con la perspectiva de provocar daños ambientales y sociales aún más severos, debido a la ya frágil situación ambiental que tiene ese territorio. Ello, sin contar el flagelo del tráfico de drogas que está desbordando a nuestras autoridades.

No debemos olvidar que, en esta misma zona, todavía está latente la sombra del megaproyecto Diquís, lo cual, sumado a la caótica y descontrolada expansión de cultivos intensivos (piña, arroz, palma) y a la ausencia de ordenamiento y planificación territorial y del desarrollo sectorial de políticas, planes y programas, sugiere que, de aprobarse el estratégico proyecto del aeropuerto en Osa, se iniciaría nuevamente el ciclo de “desarrollo desequilibrado” que se dio en Guanacaste, con todas las consecuencias negativas que tiene en el entorno social y ambiental.

Una simple prueba de ello es que, ya en Internet, se puede ver la gran especulación inmobiliaria que se está dando, con el ofrecimiento de propiedades frente al “futuro” lago de Diquís o dentro del humedal Térraba-Sierpe. En esto, el mercado siempre va varios años por delante de la toma de decisiones sobre proyectos como el aeropuerto de Osa. De ahí que la decisión sobre su ejecución no puede desligarse de una correcta planificación estratégica del desarrollo, que evite y controle los grandes efectos negativos que tiene ese mercado especulativo.

Buscando soluciones. Durante años hemos insistido (ver www.allanastorga.com) a las autoridades de gobierno sobre la importancia que tiene la implementación de la EAE como instrumento para ordenar y programar el desarrollo económico del país y sus diferentes regiones. El reglamento que norma la EAE está vigente desde el 2004 (decreto ejecutivo 31849-Minae-Salud-MOPT-MAG-MEIC), pero sin usar: un lujo raramente visto para un país que tanto pregona por el mundo en materia ambiental y en materia de desarrollo sostenible.

Este texto promueve, bajo la aplicación de los principios de información, transparencia y participación, que los representantes de los diferentes sectores sociales puedan participar y ser actores clave en la toma de decisiones para su región.

Es claro que la zona sur-sur de nuestro país requiere planificar su desarrollo dentro de una efectiva EAE, a fin de que se tomen las decisiones estratégicas de forma sostenible y previendo, mediante correctas salvaguardas, que no se repitan los errores del pasado en otras regiones del país.

En razón de ello, y siguiendo los pasos de lo ocurrido con lo de la carretera aSan Ramón, resulta lógico recomendar la creación urgente de un foro social del sur-sur que llame a discutir, de forma abierta y participativa, la planificación de su desarrollo a corto, medio y largo plazo. El Foro de Occidente es una hermosa experiencia de una comunidad organizada que logra proponer alternativas a un parco aparato estatal incapaz de tan solo esbozarlas por su propia cuenta: la experiencia merece ser replicada en otras partes del país (como Limón) ante la terquedad de nuestras autoridades, incapaces de aprender de sus propios yerros.

Dentro de este contexto, lo primero que debe hacerse es detener el trámite ambiental del aeropuerto de Osa hasta que la EAE esté hecha y los grandes lineamientos estratégicos y salvaguardas del desarrollo de la zona sur estén definidas por sus propios actores y estén documentadas mediante un informe de sostenibilidad que debe servir como ruta de trabajo para promover, de verdad y con total seriedad, el desarrollo social y sostenible de esta importante región del país.

Seguir por el camino que proponen las actuales autoridades de gobierno es seguir por el camino del modelo económico que favorece a unos cuantos, mientras se depreda y destruye el ambiente, y los sueños de mejora de las comunidades del país.

Generar daño ambiental y desigualdad social ha demostrado ser un rotundo fracaso que afecta gravemente al país como tal: se recomienda a nuestras autoridades leerse el último informe del Estado de la Nación. Si son algo curiosas, pueden también analizar el descenso pronunciado del Índice de Desarrollo Humano (IDH) sufrido por Costa Rica desde el 2007. Un cambio es necesario ante tanta ceguera.

La caída de Costa Rica del lugar 5º (2012) al 54º (2014) en el Índice de Desempeño Ambiental  (EPI, en inglés), es la comprobación más contundente de que lo hecho hasta ahora en materia ambiental ha sido más un maquillaje que acciones sólidas y concretas.

Hace poco se dio a conocer el resultado del último Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Yale de los Estados Unidos de América.  El EPI es un instrumento de gran utilidad para medir y clasificar el rendimiento ambiental de las políticas de un país.  El EPI utiliza indicadores orientados hacia resultados, por lo que sirve como elemento de evaluación y comparación.

Hasta ahora se han publicado 5 informes que se iniciaron en el año 2006. Toma en cuenta una serie de variables que se dividen en dos grandes ámbitos: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Se incluyen temas tales como: salud humana, agua potable y saneamiento básico, calidad del aire, recursos hídricos, bosques, agricultura, pesca, biodiversidad y hábitats y clima y energía.

Desde su inicio, el EPI ha valorado la mayoría de los países del mundo (más de 160). La posición de Costa Rica ha sido la siguiente: 15 (2006), 5 (2008), 3 (2010), 5 (2012) y 54 en el 2014, registrando así un descenso estrepitoso, que representa claramente una importante señal de alerta roja sobre la gestión ambiental que se realiza en el país, pese a que el Ministro René Castro trate de minimizar su alcance.

Un elemento clave para entender esta situación tiene que ver con el hecho de que el EPI tiene un proceso de mejora respecto a sus indicadores y la información de base. De manera que es posible afirmar que conforme evolucione el EPI en calidad y cantidad de información, más realista es el resultado respecto a mostrar el verdadero desempeño ambiental que tiene un país.

Esta situación explica los resultados del país durante las primeras evaluaciones, cuando las variables asociadas a bosques y biodiversidad tenían un mayor peso relativo. No obstante, conforme se incorporan nuevos factores y mejor información, la realidad se devela con total crudeza y certeza, como en el caso de Costa Rica.

Causas. Tomando en cuenta los factores por los que nuestro país cae tan abruptamente, que se pueden observar en la dirección http://epi.yale.edu/epi/country-rankings y que han sido objeto de alguna discusión en la prensa, resulta importante centrarse en la discusión de las causas de esa caída. Ello, con el fin de ser autocríticos y diseñar estrategias para revertir esta grave situación.

Es muy claro que el resultado del EPI 2014 pone de manifiesto que las políticas ambientales aplicadas en nuestro país durante los últimos años (no solamente dos, sino al menos durante los últimos 10 años) han sido un rotundo fracaso. Algo que debería llamarnos a reflexionar muy en serio, sobre el “camino” de desarrollo que llevamos y sobre quiénes son los responsables de este vertiginoso descenso.

Partiendo de la premisa lógica de que una eficiente Política Ambiental se traduce en acciones efectivas y concretas, y analizando la gestión ambiental pública de las últimas dos administraciones de gobierno, queda claro que se ha hecho prácticamente todo lo contrario, de manera que el resultado de la evaluación no resulta una sorpresa.

Al respecto, resulta importante enumerar solamente algunos ejemplos de esta absoluta falta de eficiencia en materia de gestión ambiental pública:

Bosques y áreas protegidas: a pesar de que las cifras oficiales dicen que la cobertura boscosa ha aumentado, es claro que eso no es del todo cierto y que no es suficiente para decir que todo se ha hecho bien, como ha pretendido hacerlo creer durante años el MINAE. La áreas protegidas, por el contrario, se han debilitado, e incluso ha sido blanco de reducción y se les plantea como fuente para extracción de recursos naturales (geotermia para empezar).

Energía y carbono neutralidad: mientras nos comprometemos con el mundo a ser Carbono Neutrales en el 2021, seguimos impulsado un modelo energético dependiente de los hidrocarburos. Todavía el año pasado se planteaba la construcción de la refinería china en Limón, como parte de esta seria contradicción defendida  a capa y espada por la actual administración.

Pesca y riqueza marina: a pesar de que la extensión marina es 10 veces mayor que la continental y de tener un gran potencial, la falta de visión, planificación y eficiente administración, ha llevado a que flotas extranjeras sobreexploten esas riquezas y lleven al empobrecimiento de nuestros mares.

Calidad del aire y salud: la Gran Área Metropolitana (GAM), que abarca el 4 % del territorio y concentra a más de la mitad de la población del país, ha tenido un serio atraso en su ordenamiento y planificación urbana. La implementación del PRUGAM se ha atrasado por años a causa de la falta de visión de las autoridades y por la presión de grupos de interés, particularmente constructores e inmobiliarias. Desde el 2005 se comprobó que ese caos urbano se traduce en contaminación del aire y congestionamiento urbano, cuyo costo al valor actual es de ¡$ 2 millones diarios! Por su parte, el Proyecto TREM (Tren Eléctrico) se atrasó sin criterio.

Recursos hídricos y saneamiento: a pesar de la riqueza hídrica del país, el atraso en ordenamiento y planificación territorial ha llevado a que ese potencial se convierta en un obstáculo para el desarrollo sostenible del país. Por su parte, solo 3 % de las aguas residuales son tratadas, de manera que el resto termina contaminando los ríos y los acuíferos. Pese a esto, el modelo de repoblación urbana de San José se basa en permitir la construcción de grandes edificios sin plantas de tratamiento.

Plaguicidas y agricultura intensiva: el favorecimiento de ciertos sectores económicos, traducido en laxo control ambiental ha permitido una enorme expansión de los cultivos intensivos, como la piña, que además de los serios impactos ambientales producidos, requiere de un alto consumo de plaguicidas que al final se traduce en contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y daños a la salud de las comunidades aledañas a las plantaciones.

Gestión ambiental preventiva: durante los últimos 8 años, la SETENA, como autoridad de evaluación de impacto ambiental, ha estado intervenida políticamente. Las decisiones sobre viabilidad ambiental de proyectos han estado a la sombra de esa intervención, lo que la ha llevado a tomar decisiones contrarias a la protección ambiental. Crucitas y la Marina de Moín son solo dos de una larga lista de proyectos cuya viabilidad ambiental no se sustenta, necesariamente, en estrictos criterios técnicos. La Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y proyectos, no ha querido ser implementada, a pesar de la urgencia que se tiene de aplicaría como mecanismo para mejorar e impulsar la planificación del desarrollo sostenible.
Gestión ambiental correctiva: la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del MINAE, creada hace 10 años, no ha cumplido su objetivo primordial de control ambiental de actividades en operación. Prueba de ello es que a más de 18 años de haberse promulgado la Ley Orgánica del Ambiente, todavía sigue sin normarse el Transitorio II que tiene que ver con control y prevención de la contaminación.  Por su parte, el Tribunal Ambiental, lejos de ser fortalecido, ha sido debilitado hasta convertirse en un ente prácticamente paralizado por la carga de trabajo que ha acumulado: actualmente son tres los abogados que trabajan a tiempo completo, a cargo de más de 2800 expedientes.

Regulación ambiental: la mayoría de las normativas ambientales de la Ley Orgánica del Ambiente no se han emitido, a pesar de que se promulgó hace casi dos décadas. Y cuando se han generado, se han elaborado de forma parcial y pensando en la protección de intereses específicos. El reglamento de paisaje emitido en el 2010 es el mejor ejemplo de ello. La lista de casos y ejemplos puede ser extendida mucho más; empero con lo indicado se muestra que ese descenso en la calificación del EPI no es obra de la casualidad, sino que tiene un claro sustento en la ineficiencia de la administración ambiental que ha tenido el país.

Consecuencias: el pésimo resultado de Costa Rica en su desempeño ambiental tiene consecuencias muy serias, en particular, para un país que se expone en el exterior como de vanguardia en la protección del ambiente. Pero no solo se trata de imagen, sino también de resultados económicos, ya que el turismo, particularmente el ecoturismo, representa su principal fuente de ingresos.

Nuestro país ha estado viviendo de una renta obsoleta, al decir que tiene un cuarto de su territorio protegido, lo cual, para muchos, es suficiente para poder plantear que el “desarrollo” puede devastar el resto, con el objeto de producir ganancias altas y rápidas. Como hemos dicho ya, ese desarrollo es depredador del ambiente y tiene graves resultados como el que estamos viendo ahora.

Con lo señalado, resulta obvio que nuestro país no puede seguir por ese camino. Nos urge, ahora más que nunca, hacer cambios sustanciales y de fondo para, en primer lugar, detener esa estrepitosa caída y luego, poco a poco, revertir la tendencia. Para ello, la primera gran tarea que tenemos los costarricenses, aparte de tomar seria conciencia del problema, es poner en la administración ambiental del país a gente verdaderamente responsable y seria que pueda devolvernos el orgullo de ser un país que realmente protege la naturaleza.

No podemos darnos el lujo de más improvisaciones y ocurrencias como las que han caracterizado las últimas administraciones.

En época electoral, cada cuatro años, los candidatos nos hablan de lo bueno que pueden hacer por mejorar nuestro país. Algunos, ahora, nos dicen que incluso, a pesar de que se han cometido errores, se pueden hacer cambios hacia una senda de desarrollo.

Las promesas y los compromisos surgen como el rocío de la mañana y, al igual que ese rocío, se evaporan cuando se pregunta cómo se van a resolver esos problemas.

El tema ambiental, visto desde una perspectiva amplia, no escapa a ese devenir de promesas y compromisos que, a la larga, no se cumplen, y que cada cuatro años, para una mayoría cada vez más creciente, nos plantean cuestionamientos cada vez mas agobiantes ante los embates inclementes de la naturaleza, que seguimos ignorando a la hora de tomar decisiones.

Situación. Dado quelos problemas socioeconómicos son serios –traducidos en la casi urgente necesidad de subir los impuestos–, así como también el índice de pobreza, el desempleo, la educación, la inseguridad y la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros,los temas ambientales quedan en un segundo plano. Casi ni se mencionan, pese a que el análisis de las propuestas de los candidatos sobre esa problemática podría darnos una mejor luz sobre su verdadero compromiso para con el país. De ahí que hacer un rápido repaso de su situación puede ayudarnos a escoger mejor nuestra alternativa de cambio.

El tema ambiental tiene la ventaja (aunque para algunos es una desventaja) de que sus indicadores y, en particular, su tendencia de cambio son un fiel reflejo de cuán bien (o mal) se han hecho las cosas. Aunque en el pasado los indicadores ambientales no eran relevantes para valorar el grado de avance de una sociedad y de un país, ahora, en pleno siglo XXI, ignorar esos datos es suicida, pues una economía que crece a costa de un sacrificio socioambiental vive una fantasía temporal que, al terminar, se revierte con un costo muy alto.

Por eso, en el caso de Costa Rica, y desde hace algunos años, se han encendido señales de alerta que todavía muchos parecen ignorar, sin reconocer con verdadero tino que los signos de los tiempos nos piden a gritos un cambio en nuestro modelo de desarrollo.

Los indicadores que nos recuerda cada año el Informe del Estado de la Nación son muy claros.Nuestro modelo de desarrollo económico se ha hecho depredador de la naturaleza. Mientras nuestra huella ecológica se hace cada vez más negativa, nuestros indicadores sociales nos dicen que, en el campo de la disminución de la pobreza, no progresamos. La brecha entre los más ricos y los más pobres cada vez se abre más, convirtiéndose en un abismo que, tarde o temprano, podría tragarse los avances sociales del pasado.

Aunque nos propusimos ser carbono-neutrales para el 2021, nuestro modelo de desarrollo energético “avanza” en otra dirección.Nuestra Gran Área Metropolitana (GAM), urgida de orden y planificación, retrocede cada vez más hacia el caos urbano, el desperdicio y la contaminación, cuyo costo ya alcanza los ¢1.000 millones por día.

Y, como si eso fuera poco, la condición de riesgo ante las amenazas naturales de nuestra población crece día a día por falta de un certero y efectivo ordenamiento y planificación territorial. Ello, pese a que Costa Rica y Centroamérica califican como la zona del planeta más vulnerable a la variabilidad y el cambio climáticos, algo que deberíamos tomarnos muy en serio.

Y todavía hay más: nuestras áreas silvestres protegidas se han debilitado, nuestros mares se han empobrecido por la pesca indiscriminada y nuestra biodiversidad corre el grave riesgo de disminuirse por la falta de una efectiva política de protección ambiental. Además, nuestra enorme riqueza hídrica, particularmente subterránea, también está en peligro de convertirse, por nuestras propias decisiones (o falta de ellas), en nuestra principal traba al desarrollo.

Alternativas. En medio de esta situación que muchos prefieren ignorar para concentrarse en temas como los impuestos, la pobreza, el desempleo, la corrupción y la CCSS, las alternativas que se plantean son relativamente pocas y limitadas. Pocos nos plantean soluciones concretas y efectivas. Lo que sí debemos tener claro es que el país necesita un cambio para mejorar. Un cambio urgente y bien sustentado.

Seguir pensando que podemos alargar aún más el modelo de desarrollo desordenado y desequilibrado que hemos impulsado durante las últimas décadas,es seguir en lo mismo y significa no tener clara nuestra situación real.

Pensar que el mercado nos resolverá los grandes problemas de sostenibilidad ambiental tampoco es una alternativa correcta, en la medida en que representa profundizar todavía más las desacertadas decisiones que se han tomado en los últimos años. Crucitas, expansión piñera desenfrenada, desarrollo costero descontrolado y exploración petrolera son algunas de las aristas más visibles de una pésima lectura de la apertura a la inversión extranjera en el país, al creer que toda inversión es buena en sí misma, sin discernir claramente la que es deseable y la que no lo es.

El camino del cambio debe ser inclusivo en la medida en que debe tomar en cuenta a toda la sociedad, y no solamente a unos cuantos sectores, al momento de tomar decisiones estratégicas para el país.

Las soluciones para los problemas de Costa Rica, no solo las ambientales, sino todas en general, deben partir de un proceso de discusión abierta y de toma de decisiones estratégicas, fundamentado en tres principios fundamentales: transparencia, información y participación. Solo así, nuestro país podría enrumbarse hacia la corrección de sus errores y definir un norte claro hacia donde avanzar, según un esquema propio, no importado, sino nacional y autóctono. Como hemos dicho ya, nuestra sociedad está lista para ello desde hace tiempo. La inversión en educación y salud que permitió la abolición del ejército no debe ser ignorada o subestimada.

Decisión. Lo que también es fundamental para los ciudadanos en esta coyuntura política es que debemos ser parte de la solución analizando las alternativas y participando en las elecciones.

Es nuestra obligación como ciudadanos y debemos escoger la alternativa que más seguridades nos ofrezca respecto a un verdadero cambio para avanzar como país. Las alternativas están abiertas y la decisión es nuestra.