A raíz de un editorial reciente titulado “Excusa Ambiental” en el que se menciona que la señora Presidente, en una gira a Limón en la que se llevó la batería de argumentos presentados contra el desarrollo del proyecto de la Terminal de Contenedores de APM en Moín, resulta conveniente analizar mejor el origen de esta situación, al menos desde el punto de vista ambiental. Ello con la finalidad de realizar un examen autocrítico y valorar si el país puede aprender de sus propios yerros.

Judicialización: lo primero que debemos reconocer es que efectivamente esa forma de actuar, referente a la presentación de recursos administrativos y legales contra un proyecto, que podríamos resumir como su “judicialización”, representa un escollo para su desarrollo. Lamentablemente, constituye el último recurso que tiene una parte de la sociedad, según el marco jurídico vigente, para reclamar por sus derechos y no solo eso, para ser escuchados por las autoridades.

Hay muchos ejemplos recientes de esta realidad, pero posiblemente el caso más conspicuo es el de Crucitas. Para muchos de nosotros todavía están frescas en la memoria las declaraciones del expresidente Óscar Arias, cuando decía que se había dado la declaratoria de conveniencia nacional al proyecto minero más grande de Centroamérica, porque todo se había hecho en cumplimiento de la ley (“by the book”).

Los  argumentos presentados por la sociedad civil, por un proceso espontáneo, que llevó a la judicialización del proyecto, también se hubiera podido representar con una o dos cajas llenas de argumentos.

Como es conocido, el Poder Judicial terminó dando la razón a la sociedad civil y señalando de forma lapidaria que el citado “by the book” no era otra cosa que una “una orquestación de voluntades”. Finalmente todos los permisos otorgados fueron anulados por ser inconsistentes con la misma legislación, y hoy nos enfrentamos a una demanda internacional por $94 millones que todavía debe resolverse, y una Fiscalía investigando cómo funcionó la orquesta además de sus primeros violines.

Desconfianza: hay más ejemplos recientes (grandes y pequeños) de esa misma situación, como la Concesión a San Ramón que ya nos costó $34 millones pagados a OAS, la Refinería China (que ya va costando $50 millones), la Carretera 32 con un costo no revelado todavía,  el Megaproyecto Diquís (cuya inversión prematura también es de varios millones de $) y otros más haciendo fila para seguir el mismo camino, como el aeropuerto en Osa y la explotación geotérmica en parques nacionales.

Todos con el mismo factor común denominador: la imposición del proyecto por parte de las autoridades a la sociedad y la falta de confianza que tiene ésta de esas autoridades, ante tal imposición.

Pero hay un trasfondo más amplio en todo este asunto y se refiere a la ausencia de planificación estratégica y de participación activa de la sociedad en la toma de esas decisiones transcendentales. Algo que, como hemos dicho, tiene solución, pero que requiere un verdadero cambio en la forma de hacer las cosas y de promover el desarrollo en nuestro país.

Al respecto, el tema del urgente Plan de desarrollo de Limón – Moín es un clarísimo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Este Plan, conformado por varios grandes proyectos, no articulados entre sí, como la Refinería China, la ampliación portuaria de Moín y Limón, y el proyecto Limón Ciudad Puerto, tomaron fuerza desde el periodo 2006-2008. ¡Hace ya 6 años!

A pesar de existir fondos, desde hace mucho tiempo, del Banco Mundial para hacer los estudios socioambientales de ese Plan Estratégico y de existir un marco jurídico para realizar una EAE (evaluación ambiental estratégica) del Plan, como forma de ordenar y socializar el plan de manera participativa, informada y transparente, las autoridades tomaron el camino equivocado, como fue el imponer uno a uno esos proyectos, incluyendo el de la Ruta 32, y queriendo pasar a “golpe de tambor” sus respectivas aprobaciones e inicios de construcción.

En el caso de la terminal de contenedores de APM en Moín, que tiene un serio y sustentado cuestionamiento respecto a su localización y diseño que, desafortunadamente, 6 años después, hace que se deba cuestionar su viabilidad ambiental, todo lo ocurrido podría haberse solucionado con una correcta planificación (socio) ambiental estratégica (EAE): ¿Quién dice que la alternativa seleccionada por las autoridades en el 2008 resultaba la única y la mejor para este proyecto? ¿Cuándo se discutió y analizó abiertamente? ¿Por qué una alternativa diferente, de un proyecto mixto entre una empresa extranjera y Japdeva no podría haber sido una mejor solución? La imposición se dio de una forma arbitraria e inconsulta, como ha sido la norma durante al menos los últimos 8 años.

Cambio y solución: ante todo esto, no es casual que la sociedad costarricense, en su gran mayoría quiera un cambio en la forma de hacer las cosas. Pero ese cambio no se resuelve con solo dar el poder a nuevas autoridades, se requiere modificar las prácticas hasta ahora aplicadas y hacer uso efectivo de los instrumentos de participación que nos da nuestra legislación.

Para no repetir los errores del pasado, y empezar bien desde el principio, resulta de transcendental importancia ponernos serios en el proceso de toma de decisiones estratégicas con abierta participación social. Participación que en el caso de proyectos estratégicos, así como políticas, planes y programas fundamentales, debe enmarcarse en una correcta y efectiva EAE, que desemboque en un Informe de Sostenibilidad Ambiental que sirva de hoja de ruta para la ejecución de los proyectos.

Ese informe de sostenibilidad debe incluir el marco en que se toman las decisiones, las condiciones de ejecución de los proyectos y las salvaguardas ambientales y sociales que deberán ser respetadas. Así, la misma sociedad civil podrá vigilar el cumplimiento de esas condiciones durante la ejecución de los proyectos.

Como hemos dicho ya, la EAE es un instrumento que se usa correctamente en muchos países desde hace décadas. Su ejecución no es difícil, ni lleva largos tiempos, pues a diferencia de la evaluación de impacto ambiental (EIA), no requiere de una extensa  y detallada información base. Puede ser realizada en pocos meses. Además, como también hemos dicho, la EAE, a diferencia de los referéndums, no genera dos extremos: perdedores y ganadores, sino que representa el espacio de negociación para que los diferentes sectores de la sociedad puedan incidir en una decisión estratégica para el desarrollo del país.

Son varios los temas que deberían ser sujetos a una EAE en los próximos meses y ya los hemos enlistado previamente: Plan Nacional de Energía (geotermia en parques nacionales, refinería china, el camino a la carbono neutralidad), Plan de Desarrollo de Limón – Moín, Plan de Desarrollo del Sur – Sur (P.H. Diquís, Aeropuerto en Osa), Plan Nacional de Turismo, Plan Nacional de Infraestructura Vial y Ferroviaria, entre los más importantes. El procedimiento pendiente de cómo realizar la EAE en nuestro país está elaborado y “durmiendo el sueño de los justos” en una gaveta de la SETENA desde hace 5 años: un lujo o más bien… un desdeño hacia una herramienta técnica que pocos países se han recetado.

Las nuevas autoridades de gobierno tienen la oportunidad de corregir la senda equivocada por la que en los últimos 8 años las autoridades han llevado a nuestro golpeado país, y establecer los fundamentos del desarrollo sobre la base de la  participación, transparencia e información técnica validada y no amañada. Perder esta oportunidad y seguir por el camino de la imposición inconsulta sería un grave error.

En razón de dos noticias recientes, por un lado, la entrega del estudio de impacto ambiental del aeropuerto internacional de Osa por parte de la Dirección de Aviación Civil a la Setena y, por otro lado, el anuncio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Osa, sobre la devastación de cerca de 2.000 hectáreas del humedal Térraba-Sierpe, como producto de la expansión de cultivos intensivos, principalmente el arroz y la palma, se hace necesario retomar el tema de la planificación estratégica del desarrollo de la zona sur-sur del país.

El desarrollo de un aeropuerto internacional en Osa surgió, en principio, con la idea de promover la activación y el desarrollo económico del sur-sur del país, bajo un modelo similar al que se supone que sucedió en Guanacaste con el aeropuerto internacional Daniel Oduber. Se parte de la presunción de que el aeropuerto facilitará la llegada de visitantes extranjeros y, con ello, se promoverá el turismo y, por tanto, una mayor actividad económica en la zona.

El caso de Guanacaste. No obstante, cuando se analiza lo sucedido en esta provincia, se observa que los resultados no han sido ni fueron los que realmente se esperaban. Debido a que no se realizó ninguna planificación estratégica, en el marco de una efectiva y eficiente evaluación ambiental estratégica (EAE), Guanacaste fue objeto de un caótico desarrollo inmobiliario que ha traído consigo una seria y negativa cadena de impactos ambientales muy negativos.

Algunos de esos problemas son el desplazamiento y desarraigo de comunidades costeras; desarrollo inmobiliario descontrolado por encima del desarrollo turístico (que da 10 veces más empleo); serios conflictos por el agua que, lejos de resolverse, cada día se agravan más; pérdida de bosques naturales y manglares en la zona costera, y, en general, incremento de la huella ecológica negativa, de la mano de una mayor diferencia social entre los estratos más ricos y los más pobres de la población Guanacaste.

En resumen, es posible afirmar que el “efecto de desarrollo” del aeropuerto en Guanacaste benefició a unos cuantos que se metieron en el tema de la especulación inmobiliaria, mientras que al grueso de la población guanacasteca de menores recursos no le generó beneficios y, en muchos casos, los hundió más en la pobreza. No en pocos casos pasaron de propietarios de terrenos costeros a empleados de “desarrollos” costeros, con salarios modestos: la mayoría de los cuadros superiores e intermedios de la actividad hotelera, por ejemplo, son extranjeros o costarricenses del Valle Central.

Zona sur-sur. Después de lo ocurrido en Guanacaste, llama poderosamente la atención cómo nuestras autoridades, en vez de aprender de esa experiencia, quieren ahora repetir la fórmula y promover la actividades económicas de la zona, bajo una premisa evidentemente equivocada y con la perspectiva de provocar daños ambientales y sociales aún más severos, debido a la ya frágil situación ambiental que tiene ese territorio. Ello, sin contar el flagelo del tráfico de drogas que está desbordando a nuestras autoridades.

No debemos olvidar que, en esta misma zona, todavía está latente la sombra del megaproyecto Diquís, lo cual, sumado a la caótica y descontrolada expansión de cultivos intensivos (piña, arroz, palma) y a la ausencia de ordenamiento y planificación territorial y del desarrollo sectorial de políticas, planes y programas, sugiere que, de aprobarse el estratégico proyecto del aeropuerto en Osa, se iniciaría nuevamente el ciclo de “desarrollo desequilibrado” que se dio en Guanacaste, con todas las consecuencias negativas que tiene en el entorno social y ambiental.

Una simple prueba de ello es que, ya en Internet, se puede ver la gran especulación inmobiliaria que se está dando, con el ofrecimiento de propiedades frente al “futuro” lago de Diquís o dentro del humedal Térraba-Sierpe. En esto, el mercado siempre va varios años por delante de la toma de decisiones sobre proyectos como el aeropuerto de Osa. De ahí que la decisión sobre su ejecución no puede desligarse de una correcta planificación estratégica del desarrollo, que evite y controle los grandes efectos negativos que tiene ese mercado especulativo.

Buscando soluciones. Durante años hemos insistido (ver www.allanastorga.com) a las autoridades de gobierno sobre la importancia que tiene la implementación de la EAE como instrumento para ordenar y programar el desarrollo económico del país y sus diferentes regiones. El reglamento que norma la EAE está vigente desde el 2004 (decreto ejecutivo 31849-Minae-Salud-MOPT-MAG-MEIC), pero sin usar: un lujo raramente visto para un país que tanto pregona por el mundo en materia ambiental y en materia de desarrollo sostenible.

Este texto promueve, bajo la aplicación de los principios de información, transparencia y participación, que los representantes de los diferentes sectores sociales puedan participar y ser actores clave en la toma de decisiones para su región.

Es claro que la zona sur-sur de nuestro país requiere planificar su desarrollo dentro de una efectiva EAE, a fin de que se tomen las decisiones estratégicas de forma sostenible y previendo, mediante correctas salvaguardas, que no se repitan los errores del pasado en otras regiones del país.

En razón de ello, y siguiendo los pasos de lo ocurrido con lo de la carretera aSan Ramón, resulta lógico recomendar la creación urgente de un foro social del sur-sur que llame a discutir, de forma abierta y participativa, la planificación de su desarrollo a corto, medio y largo plazo. El Foro de Occidente es una hermosa experiencia de una comunidad organizada que logra proponer alternativas a un parco aparato estatal incapaz de tan solo esbozarlas por su propia cuenta: la experiencia merece ser replicada en otras partes del país (como Limón) ante la terquedad de nuestras autoridades, incapaces de aprender de sus propios yerros.

Dentro de este contexto, lo primero que debe hacerse es detener el trámite ambiental del aeropuerto de Osa hasta que la EAE esté hecha y los grandes lineamientos estratégicos y salvaguardas del desarrollo de la zona sur estén definidas por sus propios actores y estén documentadas mediante un informe de sostenibilidad que debe servir como ruta de trabajo para promover, de verdad y con total seriedad, el desarrollo social y sostenible de esta importante región del país.

Seguir por el camino que proponen las actuales autoridades de gobierno es seguir por el camino del modelo económico que favorece a unos cuantos, mientras se depreda y destruye el ambiente, y los sueños de mejora de las comunidades del país.

Generar daño ambiental y desigualdad social ha demostrado ser un rotundo fracaso que afecta gravemente al país como tal: se recomienda a nuestras autoridades leerse el último informe del Estado de la Nación. Si son algo curiosas, pueden también analizar el descenso pronunciado del Índice de Desarrollo Humano (IDH) sufrido por Costa Rica desde el 2007. Un cambio es necesario ante tanta ceguera.

La caída de Costa Rica del lugar 5º (2012) al 54º (2014) en el Índice de Desempeño Ambiental  (EPI, en inglés), es la comprobación más contundente de que lo hecho hasta ahora en materia ambiental ha sido más un maquillaje que acciones sólidas y concretas.

Hace poco se dio a conocer el resultado del último Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Yale de los Estados Unidos de América.  El EPI es un instrumento de gran utilidad para medir y clasificar el rendimiento ambiental de las políticas de un país.  El EPI utiliza indicadores orientados hacia resultados, por lo que sirve como elemento de evaluación y comparación.

Hasta ahora se han publicado 5 informes que se iniciaron en el año 2006. Toma en cuenta una serie de variables que se dividen en dos grandes ámbitos: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Se incluyen temas tales como: salud humana, agua potable y saneamiento básico, calidad del aire, recursos hídricos, bosques, agricultura, pesca, biodiversidad y hábitats y clima y energía.

Desde su inicio, el EPI ha valorado la mayoría de los países del mundo (más de 160). La posición de Costa Rica ha sido la siguiente: 15 (2006), 5 (2008), 3 (2010), 5 (2012) y 54 en el 2014, registrando así un descenso estrepitoso, que representa claramente una importante señal de alerta roja sobre la gestión ambiental que se realiza en el país, pese a que el Ministro René Castro trate de minimizar su alcance.

Un elemento clave para entender esta situación tiene que ver con el hecho de que el EPI tiene un proceso de mejora respecto a sus indicadores y la información de base. De manera que es posible afirmar que conforme evolucione el EPI en calidad y cantidad de información, más realista es el resultado respecto a mostrar el verdadero desempeño ambiental que tiene un país.

Esta situación explica los resultados del país durante las primeras evaluaciones, cuando las variables asociadas a bosques y biodiversidad tenían un mayor peso relativo. No obstante, conforme se incorporan nuevos factores y mejor información, la realidad se devela con total crudeza y certeza, como en el caso de Costa Rica.

Causas. Tomando en cuenta los factores por los que nuestro país cae tan abruptamente, que se pueden observar en la dirección http://epi.yale.edu/epi/country-rankings y que han sido objeto de alguna discusión en la prensa, resulta importante centrarse en la discusión de las causas de esa caída. Ello, con el fin de ser autocríticos y diseñar estrategias para revertir esta grave situación.

Es muy claro que el resultado del EPI 2014 pone de manifiesto que las políticas ambientales aplicadas en nuestro país durante los últimos años (no solamente dos, sino al menos durante los últimos 10 años) han sido un rotundo fracaso. Algo que debería llamarnos a reflexionar muy en serio, sobre el “camino” de desarrollo que llevamos y sobre quiénes son los responsables de este vertiginoso descenso.

Partiendo de la premisa lógica de que una eficiente Política Ambiental se traduce en acciones efectivas y concretas, y analizando la gestión ambiental pública de las últimas dos administraciones de gobierno, queda claro que se ha hecho prácticamente todo lo contrario, de manera que el resultado de la evaluación no resulta una sorpresa.

Al respecto, resulta importante enumerar solamente algunos ejemplos de esta absoluta falta de eficiencia en materia de gestión ambiental pública:

Bosques y áreas protegidas: a pesar de que las cifras oficiales dicen que la cobertura boscosa ha aumentado, es claro que eso no es del todo cierto y que no es suficiente para decir que todo se ha hecho bien, como ha pretendido hacerlo creer durante años el MINAE. La áreas protegidas, por el contrario, se han debilitado, e incluso ha sido blanco de reducción y se les plantea como fuente para extracción de recursos naturales (geotermia para empezar).

Energía y carbono neutralidad: mientras nos comprometemos con el mundo a ser Carbono Neutrales en el 2021, seguimos impulsado un modelo energético dependiente de los hidrocarburos. Todavía el año pasado se planteaba la construcción de la refinería china en Limón, como parte de esta seria contradicción defendida  a capa y espada por la actual administración.

Pesca y riqueza marina: a pesar de que la extensión marina es 10 veces mayor que la continental y de tener un gran potencial, la falta de visión, planificación y eficiente administración, ha llevado a que flotas extranjeras sobreexploten esas riquezas y lleven al empobrecimiento de nuestros mares.

Calidad del aire y salud: la Gran Área Metropolitana (GAM), que abarca el 4 % del territorio y concentra a más de la mitad de la población del país, ha tenido un serio atraso en su ordenamiento y planificación urbana. La implementación del PRUGAM se ha atrasado por años a causa de la falta de visión de las autoridades y por la presión de grupos de interés, particularmente constructores e inmobiliarias. Desde el 2005 se comprobó que ese caos urbano se traduce en contaminación del aire y congestionamiento urbano, cuyo costo al valor actual es de ¡$ 2 millones diarios! Por su parte, el Proyecto TREM (Tren Eléctrico) se atrasó sin criterio.

Recursos hídricos y saneamiento: a pesar de la riqueza hídrica del país, el atraso en ordenamiento y planificación territorial ha llevado a que ese potencial se convierta en un obstáculo para el desarrollo sostenible del país. Por su parte, solo 3 % de las aguas residuales son tratadas, de manera que el resto termina contaminando los ríos y los acuíferos. Pese a esto, el modelo de repoblación urbana de San José se basa en permitir la construcción de grandes edificios sin plantas de tratamiento.

Plaguicidas y agricultura intensiva: el favorecimiento de ciertos sectores económicos, traducido en laxo control ambiental ha permitido una enorme expansión de los cultivos intensivos, como la piña, que además de los serios impactos ambientales producidos, requiere de un alto consumo de plaguicidas que al final se traduce en contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y daños a la salud de las comunidades aledañas a las plantaciones.

Gestión ambiental preventiva: durante los últimos 8 años, la SETENA, como autoridad de evaluación de impacto ambiental, ha estado intervenida políticamente. Las decisiones sobre viabilidad ambiental de proyectos han estado a la sombra de esa intervención, lo que la ha llevado a tomar decisiones contrarias a la protección ambiental. Crucitas y la Marina de Moín son solo dos de una larga lista de proyectos cuya viabilidad ambiental no se sustenta, necesariamente, en estrictos criterios técnicos. La Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y proyectos, no ha querido ser implementada, a pesar de la urgencia que se tiene de aplicaría como mecanismo para mejorar e impulsar la planificación del desarrollo sostenible.
Gestión ambiental correctiva: la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del MINAE, creada hace 10 años, no ha cumplido su objetivo primordial de control ambiental de actividades en operación. Prueba de ello es que a más de 18 años de haberse promulgado la Ley Orgánica del Ambiente, todavía sigue sin normarse el Transitorio II que tiene que ver con control y prevención de la contaminación.  Por su parte, el Tribunal Ambiental, lejos de ser fortalecido, ha sido debilitado hasta convertirse en un ente prácticamente paralizado por la carga de trabajo que ha acumulado: actualmente son tres los abogados que trabajan a tiempo completo, a cargo de más de 2800 expedientes.

Regulación ambiental: la mayoría de las normativas ambientales de la Ley Orgánica del Ambiente no se han emitido, a pesar de que se promulgó hace casi dos décadas. Y cuando se han generado, se han elaborado de forma parcial y pensando en la protección de intereses específicos. El reglamento de paisaje emitido en el 2010 es el mejor ejemplo de ello. La lista de casos y ejemplos puede ser extendida mucho más; empero con lo indicado se muestra que ese descenso en la calificación del EPI no es obra de la casualidad, sino que tiene un claro sustento en la ineficiencia de la administración ambiental que ha tenido el país.

Consecuencias: el pésimo resultado de Costa Rica en su desempeño ambiental tiene consecuencias muy serias, en particular, para un país que se expone en el exterior como de vanguardia en la protección del ambiente. Pero no solo se trata de imagen, sino también de resultados económicos, ya que el turismo, particularmente el ecoturismo, representa su principal fuente de ingresos.

Nuestro país ha estado viviendo de una renta obsoleta, al decir que tiene un cuarto de su territorio protegido, lo cual, para muchos, es suficiente para poder plantear que el “desarrollo” puede devastar el resto, con el objeto de producir ganancias altas y rápidas. Como hemos dicho ya, ese desarrollo es depredador del ambiente y tiene graves resultados como el que estamos viendo ahora.

Con lo señalado, resulta obvio que nuestro país no puede seguir por ese camino. Nos urge, ahora más que nunca, hacer cambios sustanciales y de fondo para, en primer lugar, detener esa estrepitosa caída y luego, poco a poco, revertir la tendencia. Para ello, la primera gran tarea que tenemos los costarricenses, aparte de tomar seria conciencia del problema, es poner en la administración ambiental del país a gente verdaderamente responsable y seria que pueda devolvernos el orgullo de ser un país que realmente protege la naturaleza.

No podemos darnos el lujo de más improvisaciones y ocurrencias como las que han caracterizado las últimas administraciones.