En razón de la reciente ampliación (hasta el 2021) de la moratoria a la exploración y explotación de hidrocarburos emitida por la actual administración de gobierno, han surgido algunas opiniones señalando que constituye una contradicción. Se señala que si el país explotara sus hidrocarburos, se lograría bajar el precio de los combustibles, e incluso tendría una fuente (gas natural) para generar electricidad a un precio más bajo y con menos contaminación ambiental. Aunque este razonamiento pareciera lógico, existen varias aristas que deben ser analizadas a fin de buscar una solución concreta al tema de si nuestro país debe o no explorar su potencial en recursos hidrocarburíferos.

Potencial petrolero: primero que todo es relevante señalar que como producto de las actividades de exploración petrolera realizadas durante la década de los años ochenta del siglo pasado por RECOPE y de otras realizadas previamente durante el Siglo XX, es claro que Costa Rica tiene las condiciones básicas de potencial de hidrocarburos, en casi todas sus cuencas sedimentarias. Ese potencial petrolero se presenta tanto en territorio continental, como en el mar, tanto en el Caribe, como en el Pacífico.

Ninguna de las actividades realizadas hasta ahora ha encontrado yacimientos comercialmente explotables de petróleo o gas natural. Pero las investigaciones geológicas realizadas con nuevas tecnologías de exploración petrolera, más modernas que las que se usaron hace ya más de 20 años, indican que podrían encontrarse potenciales yacimientos susceptibles de ser explotados. Por las características geológicas de nuestro país, existe la posibilidad de que sea más probable encontrar yacimientos de gas natural que de petróleo líquido, aunque este aspecto debe ser comprobado por investigaciones geológicas más detalladas.

La importante actividad de exploración realizada por RECOPE se finalizó, más por razones políticas que por razones técnicas, a principios de los años noventa. En su lugar, se aprobó una Ley de Hidrocarburos, que abría el espacio para que empresas petroleras extranjeras pudieran entrar al país a realizar exploración y, dado el caso, la explotación de hidrocarburos. El país fue dividido en cerca de 30 bloques de unos 2000 km2 cada uno, que se ofrecieron internacionalmente, para ser concesionados.

Para principios de la década pasada, el asunto culminó con la no aprobación de la viabilidad ambiental de una propuesta de perforación exploratoria en Moín, la amenaza de una demanda internacional por parte de la empresa petrolera y el desarrollo de una “moratoria tácita” por parte de la Administración Pacheco. Desde hace casi 12 años no se ha vuelto a realizar ninguna actividad formal de investigación sobre el potencial petrolero. Mientras tanto, el gran acervo de información compilado por RECOPE se deteriora con el paso de tiempo, sin que se le dé ninguna aplicación práctica, a pesar de su gran valor geológico.

Ante el hecho de que el país consume más de $ 2000 millones por año en factura petrolera, resulta paradójico que no haga esfuerzos concretos para profundizar en conocer su potencial petrolero, y dado el caso, aprovecharlo para disminuir al menos parcialmente esa factura. El problema que se presenta para que no lo haga tiene dos variantes.
En primer lugar, la posición de las grupos ambientalistas que se oponen a esta actividad, por el potencial riesgo ambiental que implica y la falta de una normativa ambiental más rigurosa.

En segundo lugar, tiene que ver con la ley de hidrocarburos, dado que la exploración, en principio, la harían empresas petroleras que, en caso de encontrar petróleo, lo explotarían dando al país una regalía no mayor del 15 % de lo encontrado y vendiéndole al país al crudo a precio del mercado internacional. Mal negocio que considerando lo limitado de nuestro territorio y sumándolo a la preocupación ambiental, lleva a que se presente una fuerte oposición social al desarrollo de esta actividad.

Precisamente, esta encrucijada ha llevado a que, lejos de que se planteen soluciones concretas, se de una prórroga a la moratoria hasta el año 2021, algo que, como señalamos, resulta ilógico, dados los problemas actuales que en el campo energético tiene nuestro país.

Posible solución: una solución a la alternativa a la moratoria es que el país retome el proceso de exploración y eventual explotación por su cuenta. En un artículo previo del 2012 (ver www.allanastorga.com), el autor recomendó la estrategia a seguir: a) derogar la ley de hidrocarburos y paralelamente, b) crear el Servicio Geológico de Costa Rica, dándole como parte de sus funciones la tarea de poder realizar investigaciones geológicas en el ámbito del potencial petrolero del país. Adicionalmente: c) adicionar lineamientos de control ambiental más estrictos a la actividad.

Para ello deberá reprocesarse, con nuevas tecnologías de investigación, como la estratigrafía secuencial, la totalidad del acervo de información geológica hasta ahora acumulado, y la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con entidades petroleras estatales, tal y como lo hizo RECOPE en la década de los ochenta.

La creación del Servicio Geológico de Costa Rica es una tarea pendiente que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo. Es paradójico que se tenga una Escuela Centroamericana de Geología desde hace más de 40 años y que todavía no se tenga un Servicio Geológico formal. Servicio que no solo tendría tareas en el ámbito de potencial petrolero, sino también en temas relevantes tales como el cartografiado geológico para el ordenamiento territorial y la gestión preventiva del riesgo ante las amenazas naturales, entre otros.

La Escuela de Geología de la UCR, durante los últimos años, está graduando entre 10 y 15 nuevos geólogos por año. Geólogos que tienen la capacitación básica para asumir las tareas que se asignen al Servicio Geológico y que podrían iniciar un importante aporte para el desarrollo de nuestro país, incluyendo el campo de la exploración petrolera.

La actividad petrolera no es exclusiva de las empresas petroleras transnacionales privadas. La experiencia existente en el país y la posibilidad de alianzas estratégicas con empresas estatales latinoamericanas, que apliquen estrictas medidas ambientales, podría permitir avanzar en esa dirección, sin necesidad de seguir postergando decisiones que deben ser tomadas en el momento actual. Al respecto, la reciente experiencia de Ecuador en este tema, debería ser aleccionadora. Tienen la palabra nuestras autoridades de gobierno.

Si se necesitara resumir en pocas palabras la gestión ambiental realizada por  la administración 2010 - 2014 serían: “contradicción, pérdida de tiempo y de oportunidades”.  Hay varias razones que justifican esa afirmación y requieren ser repasadas, a fin de que se evite que sucedan nuevamente en el futuro. Un país como Costa Rica no merece que se le atienda como se le ha tratado en materia ambiental, en particular, cuando en el mensaje presidencial de 1º de mayo se señala el tema ambiental como un “logro” o “avance”.

Se inicia  con el pie izquierdo cuando la señora Presidente, en San Carlos, solicita en noviembre del 2010 apoyo a un grupo de empresarios para que le colaboraran en la “lucha” para que los ambientalistas no conviertan a Costa Rica en un museo de historia natural. Se mostraba así un primer atisbo de lo que sería la visión ambiental de la Presidente. Ninguna rectificación o aclaración de su parte motivan a creer que el error de apreciación se mantuvo.

En el tema de minería, además de establecer una moratoria, se logró concretar el compromiso de campaña de emitir una ley que prohibiera la minería de oro a cielo abierto en el país. No obstante, en el tema de Crucitas, la administración mantuvo una posición expectante, y no quiso asumir un papel más activo. En particular, se le solicitó la derogatoria del decreto de conveniencia nacional emitido por la administración Arias Sánchez, y fue cuando Alfio Piva y sus 15 asesores, cuya identidad aún no ha trascendido, nos sale con una cifra de $1.700 millones que debería Costa Rica pagarle a la empresa en caso de derogar este decreto.

La Procuraduría General de la República (CGR) tuvo incluso la osadía de apelar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, exhibiendo así a un Estado capaz de defender lo indefendible, con el resultado que ya todos sabemos. Incluso, ahora con la demanda por $94 millones de la minera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI en inglés), no se reconocen los errores cometidos, y más bien se ponen las mismas instituciones que en su momento favorecieron a la minera, a defender el caso de Costa Rica. Algo paradójico, en particular porque se da al final de la administración.

En el tema de la mejora de la competitividad, al menos en el tema ambiental, se falló notablemente. Nunca se entendió realmente lo que había que hacer y se siguió la misma línea de la administración anterior. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se volvió a intervenir, se atrasó y anuló el funcionamiento de la Comisión Mixta, y se procedió a trabajar por la vía de la imposición de nueva decretos ejecutivos sobre evaluación ambiental. Decretos que tuvieron que ser impugnados ante la Sala Constitucional por su evidente irrespeto al principio de no regresión, y por su claro favoritismo para simplificar o eximir de trámite a actividades como las piñeras y otras actividades industriales. Se perdió así la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento y mejora del sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA), y prácticamente se perdieron los cuatro años de esta administración.

Pero el tema no se queda solo allí, resulta que en la misma SETENA cerca de 40 informes de planes reguladores fueron archivados, es decir, el 73 % de los expedientes que tramitó dicha entidad. Precisamente el mismo número de planes que la administración se comprometió a dejar aprobados como parte de su Plan Nacional de Desarrollo. Las argumentaciones para ese archivo son casi todas de forma y no de fondo. Y por falta de visión, se archivaron cuando existía la posibilidad de solicitar su corrección por un anexo. Así, el trabajo de apoyo a las municipalidades que por muchos años realizó el Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) y el Programa de Regularización y Catastro se tiró prácticamente a la basura, haciendo que el país retrocediera en materia de ordenamiento y planificación territorial. Algo que pesa mucho más que la cacareada salida de una Política de Ordenamiento Territorial, que es más “letra muerta” que verdaderas acciones.

Intereses. El compromiso de “recuperar” el PRUGAM al inicio de la administración chocó con un muro de intereses de los sectores de la construcción e inmobiliarios. Esto, a pesar de las encendidas palabras de la Presidente Chinchilla a raíz de la muerte de 23 personas por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú. De forma complaciente, se dieron recursos al INVU para que elaborara su Plan GAM sustituto, que llamó el POTGAM, un plan fuertemente defendido por la Cámara de Construcción y también fuertemente combatido, con argumentos ambientales, por algunos pocos, dado su irracional propuesta de urbanizar las zonas de montaña del Valle Central.

Finalmente, ante la no aprobación del POTGAM, se pasó a formular algo “intermedio”, el Plan GAM 2013 – 2030, que se publicó tan solo el 2 de mayo del 2014, casi 4 años después de que el INVU rechazara el PRUGAM. A pesar de esos 4 años perdidos, el asunto aún no termina, pues ese nuevo Plan GAM requiere una profunda revisión, ya que desde su firma (21 de enero del 2014) hasta su publicación, parece haber sido objeto de significativos cambios (recortes o tijeretazos) en materia ambiental y adiciones en materia de desarrollo inmobiliario. Algo que sinceramente no extrañaría para nada, pero denota el nivel de irresponsabilidad existente en las altas esferas del poder en Costa Rica.

Pero posiblemente por lo que más se va a recordar la administración 2010 – 2014 es por la falta de visión en planificación estratégica.  A pesar de contar desde el principio para poder implementarla, por medio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas, se optó por el camino de la imposición: decretos inconsultos que una y otra vez terminaron en los tribunales.

Un camino carente de visión social y ambiental prejuiciado y que, en todos los casos, chocó contra el muro de la realidad. Proyectos como el PH Diquís, la geotermia en Parques Nacionales, la refinería china, la concesión a San Ramón, el plan de desarrollo portuario de Limón Moín, incluyendo la Terminal de Contenedores, la ampliación de la Ruta 32 y el mismo Aeropuerto en Osa, son claros ejemplos de proyectos de desarrollo que han sido impuestos, en vez de ser llevados a una abierta discusión que permitiera la toma de decisiones estratégicas y la ejecución, bajo salvaguardas, de aquellos para los cuales la sociedad decidiera su realización. El haber obviado esta ruta de diálogo y transparente proceso de participación es, posiblemente, el mayor error cometido.

Proceso. En el tema de Carbono Neutralidad y “logros anunciados”, pues se dice que la meta alcanzada es de un 81%, llama la atención que el avance no necesariamente no es de esta administración, sino de un largo proceso que se viene dando desde hace décadas en lo referente a la recuperación de áreas de bosque. Asunto que todavía está pendiente de ser efectivamente valorado, pues todavía se da una contradicción entre las áreas de aptitud forestal y las áreas de cobertura boscosa que, solo en la GAM, presenta un 60% de déficit de bosques.

Pero lo que falta es mucho más difícil y serio y de eso no se nos dice nada. El país cayó notoriamente en el índice EPI de sostenibilidad ambiental de la posición 5 a 54, precisamente porque al considerar otras variables se pone en evidencia que hablar solo de bosques no es suficiente. En esto, como hemos dicho, es evidente el fracaso de la gestión ambiental realizada al menos durante los últimos 8 años, pues lo indicadores ambientales van de caída, como también van de caída los indicadores sociales, particularmente el que muestra al diferencia de ingreso entre el quintil más rico y el quintil más pobre. Algo que comprueba que el sacrificio ambiental y social realizado se ha hecho para beneficiar a unos pocos y no a la mayoría.
Hay más temas y casi todos quedan como pendientes, pues en la administración saliente, o se avanzó muy poco, o peor aún, el problema ambiental se agravó: la protección de los empobrecidos recursos marinos, el fortalecimiento y mejoramiento de las áreas silvestres protegidas, la discusión abierta y decidida de nuestra matriz energética, la disminución de la factura petrolera con acertadas decisiones, el tema de la exploración y explotación de hidrocarburos, la planificación territorial, la protección de los recursos hídricos y su efectiva administración, la problemática de la protección de acuíferos y la correcta administración del uso del suelo, el desarrollo de una más efectiva y acelerada gestión preventiva del riesgo, son algunos de los temas cuya solución queda pendiente para ser retomada por las nuevas autoridades.

Dado que al árbol se le conoce por sus frutos, en materia ambiental, la administración Chinchilla Miranda, no produjo muchos ni buenos frutos. Tenía la mesa servida para hacerlo, después de 4 años de mucha tensión y conflictividad, pero prefirió continuar por el tortuoso camino de la imposición por la imposición, alejándose del diálogo y la correcta participación. No supo  leer los signos de los tiempos y nos hizo perderlo con las negativas consecuencias que ello tiene. Pero de ese error todos debemos aprender, en particular las nueva administración que inicia, a fin de que no repita el mismo camino, y comience con el pie derecho sobre una simple plataforma de tres principios: transparencia, información y participación.

Tomo el título de este artículo  de un Foro realizado el Día de la  Tierra  (22 de abril) por la Universidad de Nacional y al cual, amablemente, fui invitado a exponer mi punto de vista.

El problema: es claro que en este tema nuestro país presenta un muy serio problema. Resulta que existen muy pocos planes reguladores vigentes, muchos de ellos sin la variable ambiental aprobada. Es posible afirmar que menos de un 3% del territorio nacional cuenta con algún grado de planificación territorial, mientras que a nivel nacional, a pesar de que han pasado ya 46 años desde que se aprobó la Ley de Planificación Urbana, todavía seguimos, gracias al INVU, sin un Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

La administración Chinchilla que concluye, se propuso, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014, la meta de tener aprobados al menos 40 planes reguladores y avanzar en el plan nacional. No obstante, cumplió la meta pero… a la inversa, y se mandaron a archivar (en la SETENA) cerca de 40 informes ambientales de planes reguladores, con lo que se ha dado un duro golpe a un esfuerzo de muchos años para avanzar.

Aunque las razones que se esbozan para ese acto son muchas, en la mayoría de los casos se trata de aspectos de forma que podrían haber sido resueltos si de verdad hubiese habido voluntad de contar realmente con planificación territorial en el país.

En consideración de esto, la explicación para que no se diera el avance tiene sustento en un trasfondo cultural y político diferente.

En primer lugar es claro que existe un “status quo” que algunos sectores (como los mal llamados “desarrolladores” inmobiliarios y los constructores, porque lo que buscan es ganancia, no desarrollo) no desean en lo más mínimo modificar. La explicación es simple, dado que en ausencia de planes reguladores lo que aplica para otorgar usos del suelo y permisos de construcción en las municipalidades son unos “reglamentos de INVU” (Reglamento Nacional para el fraccionamiento  y urbanizaciones y el reglamento de construcciones, principalmente), elaborados hace más de 30 años.

Esos reglamentos, que nunca fueron consultados y se emitieron como acuerdo de la Junta Directiva del INVU, además de no considerar de forma apropiada la variable ambiental, más bien tienen una serie de artículos que son un verdadero atentado a la protección del ambiente y la gestión del riesgo.

Así, en materia de usos del suelo urbano, a pesar de la numerosa legislación ambiental promulgada desde 1995 (ley del ambiente, forestal, de suelos, biodiversidad y emergencias, etc.), se sigue aplicando una “legislación urbana” desactualizada y “anti – ambiental”, para la cual aplica el “silencio positivo”, e incluso sanciones al funcionario que no cumple a tiempo con los plazos para los permisos.

Dentro de este contexto, no resultan extraños dos elementos adicionales acontecidos en los últimos años y que agravan el problema.

La SETENA, a partir del año 2010, casualmente, después de haber dado viabilidad ambiental al PRUGAM y algunos de sus planes reguladores (algo que no le gustó a algunos), “cambió de actitud” y en medio de una intervención del MINAE ha rechazado el 73% de todos los informes ambientales de los planes reguladores. La razón: dizque una más estricta aplicación del decreto 32967 – MINAE que norma el procedimiento. Algo que debería ser objeto de una seria revisión por parte de las nuevas autoridades.

Por otro lado, surge el tema de la Matriz del SENARA y un voto de la Sala Constitucional del 2012 sobre el tema (1923-04) que obliga a su aplicación a nivel nacional. Esta matriz establece prohibiciones al uso del suelo sobre la base de contar con mapas de vulnerabilidad acuífera, cuyo costo de elaboración, según los términos de referencia que exige SENARA, son muy altos. Algo que nadie se preocupó en explicarles a los magistrados de la Sala Constitucional.

La cereza en el pastel la conforma el Acuerdo de la Junta Directiva del INVU, publicado en La Gaceta del 15 de enero del 2014, en el cual se establecen los requisitos para que se ingresen planes reguladores a la revisión de la Dirección de Urbanismo. Aparte de que es una lista muy larga, se pide que se tenga la aprobación del SENARA a la aplicación de la Matriz, lo que implica que se tenga que haber hecho los mapas de vulnerabilidad y haberlos incorporado en los planes reguladores. Algo que solo algunos municipios podrían cumplir, con lo cual prácticamente se está condenando al país a que se no aprueben nuevos planes reguladores durante muchos años.

Así las cosas, lo que hemos llamado la “maraña de obstáculos” a la planificación territorial, lejos de eliminarse, se ha complicado, consolidando así un “status quo” que obliga, vía reglamentos del INVU, a seguir dando usos del suelo para construcciones que se realizan en sitios ambientalmente no aptos, y en muchos casos, poniendo en una condición de riesgo a los nuevos habitantes de esas construcciones, debido a la falta de un efectiva planificación territorial. Una verdadera contradicción.

Las soluciones: hay muchas y concretas. En primer lugar, y como meta a mediano y largo plazo, la redacción de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita poner orden en la maraña de legislación dispersa que existe sobre el tema.

Pero hay acciones concretas que se pueden realizar a muy corto plazo y que solo requieren de la intervención del Poder Ejecutivo realmente responsable y preocupado por el bienestar de la población y no de algunos sectores de ésta:

1.    Modernizar, de forma urgente, los reglamentos del INVU, vinculados a desarrollo urbano y construcciones, para que integren de forma efectiva la variable ambiental. Deberían publicarse como decretos ejecutivos después de un proceso de consulta.

2.    Rectificar  la gestión de la SETENA respecto a los planes reguladores, a fin de que se concentre en el objetivo fundamental de la metodología de la introducción de variable ambiental y se ajuste de forma apropiada con la evaluación de impacto ambiental.

3.    Dar mayor capacitación y apoyo a las municipalidades para que asuman un rol más activo en el proceso de la gestión ambiental y territorial de los cantones por medio de  emisión de ordenanzas municipales sobre uso del suelo y gestión del riesgo, y procedimientos bien sustentados sobre usos del suelo y permisos de construcción como ya lo hacen algunos gobiernos locales. El IFAM debería ser más proactivo en esta tarea.

4.    Incorporar el tema de la fragilidad ambiental y la gestión del riesgo en la valoración de los terrenos y en el desarrollo de seguros de construcciones inmuebles. Algo que favorece que se sigan urbanizando zonas de muy alta fragilidad y de muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales.

5. Y mientras se “ordena la casa”, establecer una moratoria para urbanizadoras en partes vulnerables de la GAM, en particular en zonas ambientalmente frágiles, y las partes medias y altas de cuencas de ríos heredianos que con cada aguacero destruyen la infraestructura vial y viviendas aguas abajo.
La nueva administración de gobierno tiene como reto fundamental enderezar las desacertadas decisiones tomadas sobre este tema durante los últimos años. Algo que es clave para impulsar la planificación territorial en el país que urge que avance. Seguir por el mismo camino que hasta ahora se ha dado significaría seguir manteniendo el “status quo” que tanto daño le ha hecho y le está haciendo al ambiente, y tantas jugosas ganancias para unos pocos maquilladas de “desarrollo”, llamándolos falazmente “desarrolladores”.

*Geólogo ambiental.